miércoles, 19 de agosto de 2009

“Esto es casi el infierno”, audiencia pública por situación de las cárceles en Corrientes


Esta fue la calificación de los funcionarios del Superior Tribunal de Justica, el presidente, Eduardo Farizano y el ministro Carlos Rubin, con respecto a la situación carcelaria, en el marco de una audiencia pública informativa organizada por el alto tribunal. En el encuentro, la representación de ejecutivo provincial se dio a través del ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde. Mientras éste último señala al hacinamiento de los presos como consecuencia en las demoras de Nación para mandar dinero al ejecutivo provincial, la Red Provincial de Derechos Humanos señala que “hace falta una mejor planificación de los gastos”.La mesa del STJ se completó con el ministro Augusto Niz, el fiscal general Cesar Sotelo y el adjunto Jorge Semhan. Junto al representante gubernamental, estaban el comisario Javier Piñeiro por la Policía, la subsecretaria de obras públicas Maria Elena Villarroel y el interventor del servicio penitenciario, Miguel Ángel Domínguez.

Entre los oyentes de la audiencia se encontraban referentes de derechos humanos, periodistas y legisladores, quienes previamente a las declaraciones observaron una exposición de fotografías sobre las condiciones de vida de los presos. Una mostraba internos durmiendo en el suelo, otra develaba a uno rodeado de sus propios excrementos.

“Esto es casi el infierno”, dijo Farizano al concluir la exposición, en lo que coincidió Rubín, y agregó: “el tema de los presos no es un tema políticamente redituable”.

Por su parte, Hilda Presman, de la Red de Derechos Humanos, señaló que “las imágenes son realmente crudas, pero adentro esto es normal. Es lo que venimos denunciando”. Además calificó de insostenible a la situación.
Luego de la proyección el fiscal Semhan, señaló lo que a su parecer era un problema clave: “la superpoblación carcelaria, pero ¿a dónde se lleva los presos si ya no hay lugar?” cuestionó. Aunque remarcó que “la seguridad de las personas, su tutela y la re socialización caben al Estado, son su deber”.

Luego, se pasó a leer una carta de la Red Provincial de DDHH, quien denuncia el estado sanitario en las cárceles: “En algunas, la capilla es usada como enfermería” describe el documento, “los presos no tienen camas ni baños, ni asistencia médica”, situación agravada “por síntomas de gripe A que manifiestan algunos internos”.

Además analiza que “que no hace falta dinero sino una mejor planificación”. “Se levantan más y mas muros, cerrando patios y pabellones, pero no se destapan los sanitarios colapsados. Pero también hay lugares que no tienen agua”, agrega.

Entonces las Red de Derechos Humanos propone “que se mejore la planificación de los gastos”. Para finalizar, el texto parafrasea a Nelson Mandela: “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, celebró la “invitación a la audiencia informativa” e indicó que “recién en esta época la reinserción social del preso tomó parte de la agenda”. Es que para el funcionario, “el 2000 significó una transición de políticas, pero nuestra labor se hace difícil por la falta recursos económicos, por una deuda del Ejecutivo nacional” excusó.

El representante de la policía de Corrientes, comisario Javier Piñeiro, aludió a las demoras judiciales como problemática que dificulta la verdadera función de la fuerza. “La policía no debe retener presos en la comisarías: su deber es la represión y la prevención”. El funcionario señaló que la policía necesita “alivianar esa carga” y propuso “coordinar acciones para revertir esa situación”.

Luego Miguel Ángel Domínguez, interventor del servicio penitenciario, hizo hincapié en las inversiones del “gobierno para mejorar las condiciones carcelarias”, pero nuevamente remarcó que “se necesita el pago de Nación para salvar la superpoblación con una nueva cárcel provincial federal”.

Después se leyó un informe sobre las obras realizadas en el sistema carcelario: “un pabellón estudiantil para 15 internos, consultorios odontológicos. En la Unidad 2 se repararon los inodoros y en la Unidad 4 creó una huerta para que los encarcelados críen ganado y fabriquen de ladrillos”.

“Para el problema del agua potable en la Unidad Penal 6 se está planificando un acueducto desde San Luis del Palmar”. Por otro lado en “la Unidad Penal 1 se necesitan 150 nuevas plazas”.

“Se compraron equipamientos en comunicación computación, matafuegos, resucitador, máscaras, identificación de huellas dactilares. También se compró la unidad del Pelletier para el alojamiento de mujeres”, señaló.

La última en hablar por el Ejecutivo fue la subsecretaria de Obras Públicas, María Elena Villarroel, que afirmó que para su sector “la Estructura Edilicia Carcelaria es un área más: ni más ni menos importante”, y que con el presupuesto que se le ha asignado “se hizo mejoras en la granja de menores de San Martín y Yataí, y se construyó la Unidad Penal de San Cayetano”.

“Reconocemos que es poco, así es, lo hechos están a la vista”. Además reconoció otras falencias edilicias: “los hospitales, escuelas y hasta las misma comisarías están en condiciones infrahumanas”. Retomó luego el tema carcelario, “esta es la primera vez que estamos tratando de encarar políticas para solucionar su estado edilicio”.

Terminadas las declaraciones del gobierno provincial, el Juez Farizano reconoció que “el Estado muestra falencias, ante ello, podemos tener cientos de excusas, pero debemos contar como se está viviendo”, dijo.

“Por lo que ví, no hay solución inmediata” sentenció. “La foto del hombre que estaba rodeado de sus excrementos es de ayer, ¿cómo podemos decir a esa persona que espere? ¿Cuál es su pronóstico que se construya una cárcel provincial federal?”, preguntó el magistrado a la funcionaria de obras públicas.

“Es cierto, se trata de una solución inmediata”, respondió, y reiteró que “todo depende de Nación, pero por como están la relaciones, es difícil”, excusó. “Por eso tuvimos que dedicarnos a hacer un plan B, es decir arreglar unidades existentes”, agregó.

¿Y si tuviera la plata, cuanto tardaría en hacer el proyecto y la construcción?, se le preguntó. “Entre 4 y 6 meses crear el proyecto, la construcción estimo un año”, respondió.

Luego el ministro Rubín señaló: “Observo que las mejoras son para la capital y no para el interior”, dijo, además sostuvo que por su profesión de abogado pudo ver que “cuando uno recorre el interior se ve a presos en las comisarías no adaptadas para cumplir esa función”.

El fiscal general Cesar Sotelo agregó que “ante esta realidad cabe preguntarse si existen políticas”.

Insaurralde respondió esa pregunta con las acciones del informe de Domínguez. El ministro luego dijo que el poder judicial también debería ayudar en cuanto al tema de mandar presos a las comisarías”.

La referente de la Red Provincial de DDHH, Hilda Pressman destacó que al concluir el encuentro “el tema tome estado público” pero señaló que aún así no se planteó una solución inmediata para estas personas”, así también “falta planificación para mejorar las graves condiciones de hacinamiento”.

Por MAriano Mauriño de la Asoc. Civil "Centro de Comunicacion Comunitaria" Ctes. capital



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