Segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en Corrientes

Segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en Corrientes

Nuevamente, la provincia es testigo de días históricos acontecidos en su seno: el Tribunal Oral Federal abrió sus puertas para juzgar al ex comisario Diego Manuel Ulibarrie, por delitos de lesa humanidad. Las imputaciones hechas al retirado funcionario policial, incluyen privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada (hasta la fecha), de cuatro militantes de la Juventud Peronista: Julio Cesar Barozzi, Orlando Romero, Jorge Saravia Acuña y Vicente “Cacho” Ayala, así como también, la tortura de éste último.

La querella inició con la lectura de su documento, dando un panorama del contexto de los crímenes cometidos aquél fatídico febrero de 1976. Para ello, trajo a escena el Terrorismo de Estado cuyo inicio lo ubica en 1973, con la macabra organización Alianza Anticomunista Argentina o Triple A.

texto secundario La represión ejercida desde el Estado, se legalizó con la firma del “decreto de aniquilamiento de la subversión firmado por el gobierno” con Isabel Martínez de Perón a la cabeza, contaba el documento de la parte, el cual presentó los principales puntos del plan de represión:

-Privar de libertad de forma ilegal, a todo sospechoso de subversión.

-Conducirlos a lugares clandestinos para su detención.

-Ocultar información a los familiares sobre el paradero de los detenidos.

- Aplicar torturas para sacar información, teniendo en sus manos (y dependiendo de lo “sacado”) la libertad o muerte del encarcelado.

- Negar la información a todo juez que lleve adelante habeas corpus.

Contextualizado el hecho, la querella procedió a reconstruirlo a partir del testimonio recabado de más de 10 testigos, cuya investigación fue llevada adelante por organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas.

Los testimonios:

El secuestro de las cuatro personas ocurrió el 16 de febrero de 1976 en la esquina del Club San Martín. A plena luz del día y con total impunidad, las víctimas que iban en una camioneta fueron interceptadas por un vehículo de la policía, en donde se bajaron 3 personas de civil “que portaban armas largas”, quienes manejaron la demora a golpes. Estos dichos, se basan en la recopilación de testimonios de Miguel Angel Tanuri, Nieves Gaúna de Garay, Juan Alarcón, Vitorino Blanco y Esteban Seres; éste último fue quien reconoció a Ulibarrie (quien apareció durante la detención en una vehículo no oficial) como el director del operativo.

Un dato no menor para la causa, resulta del testimonio de Alarcón y Blanco, quienes en ese momento se encontraban dentro del Club San Martín (ya que trabajaban ahí). Estos dos se alertaron al escuchar un disparo y salieron a ver, encontrándose con los detenidos “contra la pared” de las boleterías. Dicho disparo, se habría producido a Vicente “Cacho” Ayala cuando, aprovechando un descuido de sus captores, intentó escapar, logrando alejarse una cuadra y volviendo a ser detenido con más heridas que antes.

La evidencia de que la dirección del operativo, así como el control, traslado y custodia de los detenidos, estuvo a cargo del imputado Uliberrie, se basó en los dichos del, por entonces sargento de Policía Federal, Juan Carlos Camino, quien contó que los sospechosos fueron a la delegación que comandaba, para identificación. Camino en el testimonio dado, estremece cuando relata que “los detenidos no podían bajar por sus propios medios de la camioneta que los trasladó”, a raíz de los golpes. Fue el mismo testigo, quien reconoció a “Cacho” Ayala entre los demorados a identificar, por ser el primero tiempo atrás , encargado por sus superiores a investigar el accionar político del segundo. Así también, reconoció a Ulibarrie como director de aquella operación. Luego, nuevamente se los trasladó de aquella dependencia policial.

Otro testimonio que resulta de gran importancia, fue el dado por el sub-oficial naval, Angel Leandro Acosta, porque presuntamente en dicho día los detenidos fueron movilizados al área 231 de prefectura. Acosta dice haber presenciado la muerte de Vicente Ayala, la cual según el sub-oficial, fue provocada por las patadas de Ulibarrie hacia su persona, golpes que terminaron por explotarle el hígado.

Los dichos de la querella también relacionan el caso con el Regimiento de Infantería 9, en donde se supone, fueron las mencionadas víctimas del Terrorismo de Estado. Coincidentemente, la parte menciona en su escrito, la felicitación hecha por el jefe del regimiento a Diego Manuel Ulibarrie, “por su valiente papel en la lucha contra la subversión”.

Sentado en el banquillo, el ex-comisario se abstuvo a declarar, aunque su defensa presentó la réplica a las pruebas en su contra. Ulibarrie dice haber sido en esa época, un oficial sub-alterno, es decir, cuyo poder de mando era inexistente y, por tanto, incapaz de conducir un operativo. Además niega haber conocido a “Cacho” Ayala y desestima los testimonios en contra de su persona.

Con todo lo citado, cabe terminar con una frase típica del derecho, pero que en este caso particular, renueva la esperanza de muchos, por el valor histórico que cobra el mismo: SERA JUSTICIA.
Cobertura de los compañeros Mariano Mauriño, Diego Silva y Leo Encina, de la Asociacion Civil "Centro de Comunicacion Comunitaria", para este, nuestro blog.